Déficit democrático

Constituye una noticia lamentable la entrada en vigor de la “ley mordaza”. Se mezclan sensaciones de extraña incompatibilidad entre la manifestación en París en favor de la libertad de expresión por parte de representantes máximos del gobierno español cuando aquí, intramuros, Amnistía Internacional alerta de que los decretos de Jorge Fernández Díaz sitúan a la democracia del país en estándares cuasi preconstitucionales.

Porque debajo de esa presunta manga ancha con programas satíricos emitidos por los mass media subyace la acción solapada de los vigilantes del orden que a través de acciones selectivas infunden miedo entre particulares ejerciendo su derecho a la reivindicación y que ahora son conscientes de lo que les puede costar meterse con el establishment, opinar sobre la patria, las instituciones, ejército, Iglesia, Casa Real, el propio Gobierno, la policía o las estrategias frente al terrorismo.

La detención de los abogados vascos bajo acusación de presunta comisión de delito fiscal supone una escalada en la pérdida de democracia muy preocupante e impregna el clima que se respira en el País Vasco de una suerte de provocación desde un ejercicio del poder bajo sospecha de absolutista.

Recuerdo aquellos años en los que Jorge Fernández era contertulio en el programa radiofónico de Gemma Nierga, “la ventana”, en la Cadena SER. Entonces sus postulados enfrentados a los de un socialista reflejaban un ánimo dictatorial tan llamativo como extraño a los oídos de una sociedad que ya caminaba en otra dirección. Pero la Cadena y tal vez la mayor parte de los oyentes valoraban su función de representar un papel antitético en aquel juego de distancias, de modo que pensábamos que, en general, el pueblo optaba por el ejercicio de la libertad de expresión, de la eliminación de la censura, de la libre circulación de las ideas y de la convivencia de lo divergente, valores que fueron asimilándose, con trabajo, por una población que se distanciaba con paso firme de un franquismo tan triste y lúgubre como Jorge Fernández Díaz.

Pero pasó el tiempo y la concepción autárquica de los que mandan ahora entiende que se puede imponer el sesgo, a golpe de decreto, que interesa al Partido, más allá de programas. La patente de corso con validez de cuatro años la dan las urnas. Es el panorama desolador de un país que acaba interiorizando que la democracia es una sucesión de dictaduras de cuatro años.

Probablemente la gran reforma que necesitamos para la regeneración y la salida de la crisis sea la sustitución del Senado por una cámara de auditores externos, un cuerpo de técnicos extraídos de la sociedad para, actuando al margen de presupuestos ideológicos, destituir fulminantemente a aquellos que incumplen el programa que les aupó al poder e imponer penas por daños morales y económicos.

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